El juez federal Gustavo Lleral cerró la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. "El solo, sin que nadie lo notara, se hundió", escribió el magistrado, pero no explicó qué pasó durante el operativo de Gendarmería que terminó con el joven desaparecido y ahogado. La familia denunció que el juez "fue apretado". "Santiago por propia voluntad se internó en las heladas aguas del río Chubut y ahí murió sin testigos de ese trágico final", dijo Lleral a pesar de lo testigos mapuches y también gendarmes que declararon que lo vieron correr.
Santiago se hundió. Eso dijo el juez Lleral. Y dio por cerrado el caso. Pero cerrar el caso también es apelar a asignarle una verdad definitiva a un hecho. Cerrar el caso permitió a Bullrich y a los grandes medios poner un punto final. Un punto final que en la historia argentina también ya utilizó cuando se intentó clausurar las discusiones sobre la última dictadura militar y todos los Crímenes de Lesa Humanidad. Como si un proceso histórico pudiera tener un punto final.
A pesar de los ataques, la familia Maldonado luchó impecablemente durante más de un año contra el aparato estatal y mediático. Pero esta historia seguirá en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, donde la Argentina ya tiene una condena por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres. Como en tantos otros casos argentinos, la etapa que sigue se bifurcará en dos caminos paralelos: la investigación de la muerte de Santiago Maldonado, y la de su encubrimiento. Pasarán el tiempo y muchas cosas.
Videla, Masera, el Tigre Acosta, Ramón Camps, el mismo José Alfredo Martínez de Hoz, Astiz, Echecolatz, y tantos otros, hoy son parte del pasado pero están en una cultura inhumana, cruel y fascista. Son algunos de tu familia, son vecinos, compañeros de trabajo, son todos los que defienden el gatillo fácil y la matanza. El monstruo está entre nosotros, como siempre lo ha estado.
La constatación estremece porque nos saca de la zona de confort de suponer que ciertos valores fundantes de la democracia están definitivamente incorporados a nuestra cosmovisión colectiva como sociedad, y que todos asumimos que hay cosas con las que no se jode, porque nos costó mucho dolor recuperarlas.
Si algo dejan claro estos tres años nefastos (no es que no se supiera, pero hoy está en la superficie) es que la herencia de la dictadura está entre nosotros, camina nuestras calles, participa de nuestras relaciones sociales diarias: el “algo habrán hecho”, “por algo será”, “en algo habrá andado”, las muertes “justificadas” y justificables, y hasta deseables, la idea de que hay ciertas cosas (organizarse, protestar, movilizarse, reclamar) que no se pueden hacer, sin pagar algún tipo de consecuencias.
El núcleo duro del discurso procesista legitimador de la matanza está allí, nos rodea por todas partes, camina entre nosotros como un fantasma de un pasado que no se resigna a ser dejado atrás. Y si algo ejemplifica como pocas cosas todo eso, es la desaparición forzada (sí, leyeron bien: desaparición forzada) seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de un operativo represivo ilegal de fuerzas de seguridad del Estado. Como en la dictadura, pero en democracia.
La precipitación políticamente irresponsable para cerrar el Caso coloca al Estado Argentino en el bando incómodo de los que deben aportar explicaciones a Amnistía Internacional. https://t.co/IHDKcLuh5m
— Jorge Asis (@AsisOberdan) 1 de diciembre de 2018
En el caso Maldonado están presentes todos los elementos del drama argentino en la última dictadura: el poder represivo del Estado al servicio de los poderosos, para descargarlo sobre quienes simplemente ejercen un derecho (el de protestar por una causa que es propia, o creen justa y con la cual se solidarizan), el rol cómplice de la justicia al servicio -como el aparato represivo- del poder económico, la prensa canalla cómplice y, como dijimos, cierto consenso social que incluso no se priva de manifestarse en público.Nota Original
También está -como entonces- el dolor de los familiares, su reclamo de justifica pisoteado y bastardeado por el Estado violador de derechos humanos elementales, la solidaridad de otros argentinos que no se resignan a quedar revolcados otra vez en el mismo lodo.
El bochornoso fallo del juez Lleral (que denunció ante los familiares de Santiago haber sido extorsionado, sin que a nadie se le moviera un pelo por eso) es, en ese contexto, tan lógico como antes el sembrado de pistas falsas por el gobierno, los servicios de inteligencia y el periodismo cómplice, el borrado de pruebas legales, la negativa ostensible de buscar la verdad, el ascenso del gendarme de Echazú (principal sospechoso de la muerte de Santiago, o de los hechos que la determinaron) por no estar sometido a sumario, porque el gobierno decidió no sumariar a ninguno de los que participó del operativo: una decisión lógica, consistente con el hecho de que estuvieran allí cumpliendo órdenes, y con carta blanca para reprimir a discreción.
Y como en la dictadura, el fallo de Lleral perfecciona (o pretende hacerlo) el crimen de Estado, garantizando la impunidad de los responsables materiales y políticos de la muerte de Santiago, y del contexto en el que ella se produjo. Entonces fue la desaparición de los cuerpos, hoy es la desaparición de las pruebas y la negativa a producir las que fueron ofrecidas por las querellas.
Conocido el fallo, estalló la enfermiza euforia de Bullrich y del periodismo cloacal que por sobres o por convicciones, cerró filas con el gobierno en torno al caso desde el principio, y obtuvo su premio: Claudio Andrade, el vergonzoso corresponsal de Clarín en Bariloche que replicaba la carne podrida que suministraban las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, se hará cargo de la delegación local de Télam, la agencia estatal de noticias que el macrismo vació; y en la cual se había comprometido a trabajar gratis si era necesario, cuando sus trabajadores reclamaban por haber sido despedidos: la meritocracia macrista de la peor inmundicia humana.
Y en el contexto del G20 en el que conocimos el fallo de Lleral (una ostensible ofrenda al gobierno, para evitar posibles preguntas molestas de algún mandatario extranjero por el caso Maldonado), supimos también que existe una resolución secreta de la misma ministra Bullrich, que autoriza el uso de fuerza letal a las fuerzas de seguridad, en medio de la perspectiva de protestas sociales y de un despliegue impresionante de parafernalia bélica en una ciudad militarizada: la semejanza con los tiempos del facto es escalofriante.
Seguramente los familiares de Santiago (que atravesaron estos meses de dolor con una entereza y dignidad admirables) y los organismos de DDHH (parte de lo mejor de nuestra sociedad civil) no cejarán en la búsqueda de justicia, porque eso también nos distingue como pueblo; ahora que -escándalo de la Libertadores mediante- está de moda tomar la parte por el todo, y trazar panoramas sombríos sobre lo que somos los argentinos, todos, sin hacer los distingos del caso.
Pero desde el Estado, cuando cambie el gobierno y este experimento horroroso al que hoy asistimos sea historia, habrá que iniciar, otra vez (como cuando se reimpulsaron los juicios en las causas de lesa humanidad) un lento y trabajoso proceso de recuperación de la democracia y el Estado de derecho en el país, sabiendo ahora sí, con certeza indubitable, que el monstruo sigue vivo, y está entre nosotros.
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